Agentes de Desarrollo Local y política de Ordenación del Territorio en Castilla y León

Sonia Merino, presidenta de AZADEL, en la presentación de la Jornada

Funciones de los Agentes de Desarrollo Local (según Cantarero, Sanchís y Comeche, 2011)

La figura de los Agentes de Desarrollo Local (ADL), en la que los geógrafos tienen una amplia y cualificada representación, compartida con otros técnicos de gran valía, ejemplifica sin ambigüedades los esfuerzos realizados a escala municipal por poner en práctica experiencias de desarrollo enraizadas en la realidad local y en la capacidad de los recursos disponibles con el fin de facilitar la creación de riqueza y de empleo. Ejercen asimismo una labor de asesoramiento encomiable, que ayuda a la toma de decisiones, orienta el sentido de las estrategias y valora el alcance de las medidas que, para su aplicación, han de ser adoptadas. Diversas circunstancias me han permitido conocer de cerca la labor, callada, tesonera y la mayor parte de las veces efectiva, de los ADL en una región tan necesitada de este tipo de profesionales en un universo municipal extraordinariamente atomizado, donde la clarificación de las pautas que han de canalizar las políticas de desarrollo local sólo puede acometerse a partir de un sólido y coherente conocimiento del territorio y de las disposiciones normativas que lo regulan. No se arredran ante las dificultades, de modo que, pese a las incertidumbres de que pudiera verse afectada su labor, manifiestan un decidido empeño por seguir demostrando que ocupan un papel clave en esa dimensión social y económica tan necesaria como es el desarrollo local.

De nuevo he tenido la oportunidad de comprobar en directo estos afanes, destrezas e inquietudes en la reunión organizada en la villa de Toro por la Asociación de Agentes de Desarrollo Local de Zamora (AZADEL). Fue una sesión muy intensa, centrada en un tema por el que muestran una especial preocupación: la política de Ordenación del Territorio en la región que es, en este sentido, la más complicada funcionalmente de España, dadas sus características estructurales, sus tendencias demográficas y, particularmente, los problemas asociados a su configuración administrativa, basada en la existencia de 2.248 municipios, de los que más de las tres cuartas partes no alcanzan los 500 habitantes censados. Una trama muy densa y con serios problemas de funcionalidad.

Las reflexiones y debates surgidos en torno a la Ordenación Territorio fueron abordados desde una doble perspectiva. De un lado, se planteó la necesidad de profundizar en la interpretación de un concepto que, aun dentro de las coordenadas teóricas y operativas que claramente lo definen, ha ido evolucionando al compás de las transformaciones ocurridas en la sociedad, en la economía y, sobre todo, en el contexto de los nuevos principios que justifican la pertinencia de su consideración pluridisciplinar y de la importancia asignada al papel desempeñado por las estrategias de valorización de los recursos endógenos en consonancia con una visión sostenible de los aprovechamientos y de sus impactos.

Guillermo Gallego (Vicepresidente de AZADEL), Fernando Manero (Universidad de Valladolid), David Muriel (ADL en Medina del Campo), Oscar Velasco (Sociedad para el Desarrollo de Zamora). De pie: Alfonso Huertos (ADL en Alcañices) y Santiago Vázquez (Consejería de Presidencia/Junta de Castilla y León)

LA POLITICA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
EN CASTILLA Y LEÓN

(a partir de la Mesa Territorial de 5 de octubre de 2011)

Gran interés tuvo, de otro lado, la aproximación al conocimiento directo de las pautas que en estos momentos orientan las decisiones destinadas a plantear de nuevo la política de Ordenación del Territorio en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tras los pasos dados en este sentido por el gobierno regional sobre la base de los acuerdos inicialmente adoptados en la Mesa Territorial organizada el 5 de octubre de 2011, y que han supuesto un punto de partida de un proceso empeñado en avanzar en esta línea de actuación política, al tiempo que se trataba de superar la situación de impasse en la que se encuentra la aplicación de la Ley de Ordenación del Territorio, sobre todo en su compromiso de identificar y definir el Modelo Territorial de la Comunidad Autónoma. Una ley que fue aprobada en 1998, y cuya trayectoria ha estado jalonada por numerosos altibajos, vacilaciones e incumplimientos. Interesa ante todo destacar la disociación que, desde el punto de vista regulador, se ha introducido en esta región entre las competencias relacionadas con aspectos esenciales de la Ordenación del Territorio como son las infraestructuras y cuestiones medioambientales (asignadas a una Consejería específica, denominada de Fomento y Medio Ambiente) y las que expresamente tienen que ver con la reordenación funcional que se pretende llevar a cabo, y cuya responsabilidad corresponde a la Consejería de Presidencia.

De este modo, la Ordenación del Territorio pierde la dimensión transversal que le debe caracterizar para quedar eminentemente circunscrita a su condición de política administrativa, ceñida al propósito de adaptar la trama municipal existente a la lógica racionalizadora que impone la ubicación espacial de los equipamientos y servicios de acuerdo con unos objetivos de eficiencia y pretendida equidad. Para ello, y a falta de conocer las directrices de la trayectoria que pueda seguir en lo sucesivo este proceso (que será fielmente seguido y analizado en este blog), se adopta el criterio de rescatar la noción de Mancomunidad de Interés Comunitario, contemplada en la Ley de Régimen Local (1998), y hasta ahora tan inédita como preterida, para redefinirla como Distrito de Interés Comunitario (DIC), denominación que ha de recibir el nuevo ámbito de actuación configurado mediante la asociación o agrupación voluntaria de municipios y con el que se pretende acometer las actuaciones encaminadas a una localización adecuada y eficaz de los servicios prestados a los ciudadanos. Una propuesta que comienza a ser respaldada por las Diputaciones Provinciales. y que, al parecer, también apoya la Federación Regional de Agentes de Desarrollo Rural.

Tomando inicialmente como referencia espacial para la delimitación de los DIC los ámbitos ya configurados en función de las Zonas Básicas de Salud, se establece en ellos una distinción entre los DIC rurales y los urbanos. En ambos casos, aunque el problema prioritario se centra en el primer tipo, se trata de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y adaptar la ordenación de los ya existentes a las características del nuevo modelo. Por encima de esta categoría, con la que se trata de reordenar la urdimbre municipal, aparecen contempladas las Áreas Funcionales, dentro de las que asimismo se plantea una diferenciación entre las “estables”, referidas a los municipios de más de 20.000 habitantes e integrando sus respectivos alfoces o áreas de influencia y las “estratégicas”, formadas a partir de la agrupación de los distritos rurales que voluntariamente accedan a configurarlas.

Es, sin embargo, un proyecto aún en ciernes, pendiente de las reuniones programadas con las administraciones locales y los agentes sociales, así como de los acuerdos susceptibles de ser adoptados por los seis Grupos de Trabajo que se prevé constituir para abordar las numerosas incógnitas que afloran cuando se analiza un plan de actuación no contemplado en la Ley de Ordenación del Territorio vigente y cuya premisa básica no es otra que la de resolver los problemas de ineficiencia derivados de una estructura administrativa tan fragmentada como repleta de solapamientos e interferencias. Se prevé que para el mes de junio de 2012 los grupos presenten sus propuestas con indicaciones sobre los cambios que se preven, o aconsejan, en la trama funcional heredada. Ello ha de suponer una revisión a fondo del mapa de las actuales Mancomunidades y su nueva ordenación mediante la elaboración de una Ley de Gobernanza, cuya entrada en vigor se efectuaría en el año 2012. Es obvio que también ha de suponer una readaptación del papel desempeñado por las Diputaciones Provinciales, que todavía está por perfilar. Enfáticamente se señaló que el proceso equivaldría a la sustitución del Pacto Local por un Pacto Territorial, que asumiría, adecuándolo al nuevo contexto, los planteamientos que inspiraron a aquél, aprobado en 2005. Los pasos emprendidos en esta dirección se han manifestado ( en reunión celebrada el 14 de diciembre de 2011) en la presentación al Consejo de Provincias del borrador del decreto que regula la organización y el funcionamiento del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León, contemplado en el Art. 51 de Estatuto de Autonomía, creado oficialmente el 15 de marzo de 2011, y cuya aprobación está prevista para comienzos de 2012. Aunque de manera intermitente, se ha abierto un debate en la Comunidad que revela el grado de confusión existente - la prensa ha llegado a hablar incluso del "fregao" de la Ordenación del Territorio - y la falta de claridad en el proceso que se ha de seguir. Con todo, una vez finalizadas las reuniones llevadas a cabo con los ayuntamientos en las diferentes provincias, se ha informado de que todos ellos recibirán el documento donde se recojan las conclusiones y las propuestas sobre el "modelo territorial" pergeñado. 

Nos situamos, pues, en un escenario de ajuste administrativo-funcional - basado en la redistribución de competencias en función del tamaño de los municipios - que en modo alguno puede ser indiferente a los Agentes de Desarrollo Local, en su mayoría esforzados profesionales del desarrollo y de la recuperación de los pequeños municipios, cuyo horizonte va a estar inevitablemente marcado por el proceso que acabo de comentar y por el grado de ambición con que pueda llevarse a cabo el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, amparado a su vez en la importante Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007), a la que hay que otorgar la importancia que merece dados los encomiables objetivos que en su momento la inspiraron y de los que ya he informado en este blog, en virtud de la importancia territorial que presenta.

El complejo arqueopaleontológico de Atapuerca (Burgos): un importante factor de transformación espacial

Burgos. De la Catedral gótica al Museo de la Evolución Humana:

contrastes y transformación simbólica del patrimonio urbano

"La inauguración del Museo de la Evolución Humana el 13 de julio de 2010 supuso un hito de gran importancia en la historia de las manifestaciones museísticas entendidas a gran escala y en la proyección cultural y de imagen de la ciudad de Burgos. Parece pertinente contemplar el proceso desde ambas perspectivas para entender en toda su amplitud de matices lo que significa la interrelación surgida entre el enriquecimiento del patrimonio cultural, asociado a descubrimientos de extraordinario valor científico, como inequívocamente lo tienen los hallados en la Sierra de Atapuerca, y los impactos que provoca en el espacio donde dicha experiencia tiene lugar.

Mas para que ese margen de posibilidades traduzca todo lo que puede dar de sí hay que recurrir a la propia capacidad que el propio territorio consiga desplegar para hacer rentable, en el sentido más amplio del concepto, lo que ese recurso proporciona, a fin de compatibilizar su reconocimiento como potencial endógeno y su calidad como elemento de acreditación hacia el exterior. Y es que sólo de ese modo pueden ser aprovechadas convenientemente las ventajas comparativas que de él se derivan hasta convertirlo en un vigoroso factor de desarrollo con visos de pronta consolidación y de garantizada continuidad en el tiempo.

Una vez más el ejemplo considerado pone al descubierto el alto nivel de responsabilidad que concierne a una política pública que desde el primer momento supo entender los desafíos a que se enfrenta para abordar la puesta en marcha de un plan de actuaciones destinadas a la utilización del bien como un producto atractivo, asociado a la construcción de edificios espectaculares y de gran impronta visual allá donde se ubiquen, funcionalmente integrado y culturalmente cohesionado, para la demanda turística, y respaldado además por un tratamiento mediático y divulgador de tanta envergadura como efectividad.

Es evidente que las bases para el reforzamiento de Burgos y de su entorno como destacada referencia turística entre las ciudades españolas parecen asentadas en la misma medida en que, sobre los cimientos de lo que Atapuerca representa, se ha configurado un nuevo espacio público, recuperado no de forma banal, como tantas veces ocurre, sino pleno de contenido y uso, capaz de imprimir una lógica funcional renovada al escenario más emblemático de la ciudad, merced a la trabazón producida, o susceptible de serlo, entre las valiosas referencias histórico-artísticas que han avalado su personalidad a través del tiempo, y que ilustran sobre el amplísimo campo de opciones estratégicas a que se abre en nuestros días el complejo modelo de relaciones construidas entre turismo y espacio urbano"......

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Debate sobre "la depredación de los bienes comunes"

Las reflexiones planteadas en el Encuentro celebrado en Madrid para abordar el debate en torno a esta cuestión de contenido tan actual como inequívoco – “Contra la depredación de los bienes comunes. Ciudad, territorio, capitalismo” – arrojan claridad sobre los factores que han determinado las pautas dominantes en la ordenación del territorio y la gestión urbana en España así como la dimensión de sus impactos espaciales. De ellas emana una perspectiva de análisis e interpretación que ayuda mucho a comprender el entorno en el que se han desenvuelto los procesos analizados y, sobre todo, a ilustrar el significado de los planteamientos estratégicos que, en clave eminentemente especulativa, lo han hecho posible.

Paisaje Transversal – esa excelente “plataforma transdisciplinar para la negociación urbana y la acción territorial”, de la que forman parte también los geógrafos – ha tenido el acierto - y el detalle - de insertar en su blog los videos que recogen las exposiciones efectuadas en esas Jornadas, que, a mi juicio, han marcado un hito significativo en esos debates tan necesarios por cuanto ponen el punto de mira en temas insuficientemente abordados en el panorama intelectual español, pese a que su incidencia en la sociedad, en la economía y en el territorio ofrezca una trascendencia incuestionable desde el punto de vista político, del modelo de desarrollo imperante y de la calidad de vida de los ciudadanos.

Su consulta se muestra a todas luces necesaria

Debates en las Jornadas “Contra la depredación de los bienes comunes. Ciudad, territorio, capitalismo”

La ordenación territorial del los espacios rurales: Castilla y León como marco espacial de referencia

Ignacio Molina y Jesús María Bachiller (Universidad de Valladolid)

Los debates en torno a la Ordenación del Territorio adquieren una dimensión particularmente interesante, desde el punto de vista metodológico y, sobre todo, estratégico, cuando se abordan los procesos y fenómenos desde la perspectiva del mundo rural. Evidentemente, no se trata de plantear el tema entendiendo este tipo de espacios de forma individualizada, como algo desconectado de la realidad territorial en la que se insertan, y en la que el papel desempeñado por las ciudades resulta decisivo. Comportándose como estructuras territoriales integradas en una trama de relaciones que eminentemente gravita en función de los dinamismos urbanos y de las economías de escala territorial que de ellos se derivan, los criterios aplicados a su ordenación parten de la necesidad de afrontar un doble condicionamiento: de un lado, las deficiencias estructurales que reducen el margen de fortaleza relativa de sus potencialidades de desarrollo desde el punto de vista económico; y, de otro, la debilidad de sus propios recursos demográficos, fuertemente limitados por la reducción de su capacidad de crecimiento natural y por los elevados índices de envejecimiento, sin olvidar tampoco el efecto limitativo provocado por el desequilibrio de la composición por sexos.

Cuando estos diagnósticos se plantean en función de lo que sucede en la Comunidad Autónoma de Castilla y León la magnitud de los problemas, así como la complejidad de las respuestas, aparecen acrecentadas, como tantas veces ha quedado puesto de manifiesto por las investigaciones llevadas a cabo sobre esta región, y en las que la aportación de los geógrafos ha sido, y sigue siendo, primordial. Justo es recordar en este sentido la inmensa labor realizada por los dos grandes maestros de la Geografía en (y de) Castilla y León: Ángel Cabo Alonso (1926) y Jesús García Fernández (1928-2006), dignos en la región que tanto contribuyeron a descubrir de un reconocimiento institucional que lamentablemente aún no ha llegado. Su huella se muestra, empero, indeleble.

Si disponemos ya de un bagaje teórico y experimental muy potente, y permanentemente actualizado, sobre las características, tendencias y dinamismos que permiten entender las lógicas socio-económicas y territoriales de la Comunidad Autónoma, queda todavía un largo recorrido para encauzar en la dirección adecuada el sentido de las directrices que hagan posible la toma de decisiones acorde con medidas que, derivadas de una política activa y coherente de ordenación territorial, faciliten la corrección de las tendencias críticas detectadas y valoricen las potencialidades, comprobadas o latentes, que los propios espacios rurales encierran.

De ahí la pertinencia y el interés de la Jornada organizada y convocada en Valladolid por la Fundación Perspectivas en torno a una cuestión crucial, sobre la que sin duda habrá que seguir debatiendo: Desarrollo Rural y Ordenación del Territorio en Castilla y León. Abierta a la consideración de algunos de los temas que en estos momentos mayor preocupación suscitan, me centraré resumidamente en dos de las cuestiones esenciales que allí se abordaron, relacionadas con las pautas recomendables de cara a la ordenación funcional del territorio y a su dinamización social y económica.

La trama de asentamientos rurales en Castilla y León

El primero de ellos concierne al papel que han de desempeñar los centros comarcales en la localización de los servicios y de los equipamientos que hagan una posible la articulación territorial sobre la base de objetivos centrados en la calidad de la prestaciones y en su gestión equitativa para el conjunto de la sociedad. Desde esta perspectiva, y a partir de una valoración rigurosa de las tendencias demográficas y de su plasmación contrastada en el espacio, se plantean los cinco principios básicos que debieran sustentar las lógicas organizativas y territoriales de la trama funcional, a saber, la acción concertada sobre los centros de servicios, la equidad en los niveles de cobertura, la jerarquización interna, la proporcionalidad - coherente con una adecuada planificación estratégica - y la igualdad de acceso. La delimitación de los tres niveles de centros que es posible diferenciar en virtud de su tamaño y de su vitalidad funcional sienta las bases de una vertebración que, debidamente jerarquizada, ha de venir avalada por la ubicación en cada uno de ellos de aquellos servicios específicos acordes con las exigencias de escala que respectivamente requieren para de esa forma asegurar una prestación eficiente de las atenciones en su área de influencia sin menoscabo de los que puedan ubicarse en los elementos que forman parte del nivel inferior de la trama local. Se trata, en cualquier caso, de tender hacia ese equilibrio entre la eficiencia, la calidad y la equidad que la sociedad puede asumir favorablemente al comprobar que en la práctica los servicios funcionan convenientemente para el conjunto de la sociedad en atención a sus necesidades.

Por otro lado, valiosas han sido igualmente las reflexiones planteadas en torno a la relación que sin duda existe entre la ordenación del territorio y el desarrollo rural. Cuestionando las insuficiencias que derivan de las políticas eminentemente centradas en aplicación de medidas asistenciales, se preconiza, en cambio, una atención especial a favor de las que propician la dinamización económica de este tipo de áreas y contribuyen a la valorización de sus recursos y potencialidades. La experiencia revela, sin embargo, que los problemas estructurales que aquejan al mundo rural constituyen la base de una situación crítica que, aunque generalizada, no admite simplificaciones en la medida en que no todos los espacios rurales son iguales ni se han comportado de la misma manera. De ahí la necesidad de conocerlos en profundidad con el fin de captar las diferencias y particularidades que los distinguen, pues sólo así es posible aplicar los instrumentos idóneos que sean capaces de avanzar en el principal objetivo sobre el que gravita el futuro de estos espacios, es decir, el que impulse sus posibilidades para generar empleo como única garantía para que el declive demográfico no constituya la tónica dominante. Posibilidades que, en no escasa medida, están asociadas a la superación de la incapacidad para aprovechar la población en edad de trabajar, especialmente la integrada por las mujeres jóvenes, cuyas expectativas en este sentido se encuentran sensiblemente cercenadas.

Y, por supuesto, no hay que olvidar tampoco la importancia de la ineludibles decisiones orientadas a una reestructuración de la excesivamente atomizada trama municipal, susceptible de cristalizar en un sistema local más eficiente y racionalizado, al amparo de las relaciones de movilidad que se establecen entre los diferentes núcleos y de las modalidades de cooperación estratégica a que pudieran dar lugar los vínculos ya configurados, de modo que la reducción de la cifra formal de municipios no implique detrimento de la identidad de local, pues en modo alguno la pervivencia del asentamiento se vería afectada. Particularmente, traería a colación la experiencia de las Merindades burgalesas como ejemplo efectivo.